El Estado, en sus orígenes unitario y absoluto, personalizado en la figura del Monarca, fue adquiriendo una mayor complejidad institucional en la medida en que las propias sociedades crecieron y se diversificaron. La apropiación de nuevas atribuciones y responsabilidades -tradicionalmente ejercidas por la Iglesia o por la misma sociedad- involucró el surgimiento de órganos y entes diferenciados. Por otro lado, las resistencias al absolutismo monárquico condujeron a la separación de las principales funciones estatales y a su asignación a “poderes” diferentes, limitados entre sí.
El Gobierno surge en este contexto como el órgano colegiado que dirige uno de los Poderes Públicos -el Ejecutivo- encargado de tomar las decisiones públicas y ejecutarlas, sujeto a los mandatos generales emanados del Legislativo y a las decisiones particulares tomadas por el Judicial. En ese sentido, la instancia gubernamental vendría a constituir solo una de las distintas unidades del Estado, las cuales, en su conjunto, solo conformarían su dimensión institucional.
La complejidad creciente de los problemas públicos, sobre todo a partir del siglo XIX, puso en evidencia la necesidad de constituir un aparato administrativo independiente que auxiliara al Gobierno en la ejecución de sus decisiones. Emerge así la Administración Pública, conformada por un amplio conjunto de órganos y entes sometidos al Gobierno y dedicados a traducir sus decisiones en acciones concretas, siguiendo parámetros técnico-administrativos como el principio de legalidad, el profesionalismo y la transparencia.
En las últimas décadas, los señalamientos sobre la necesidad de modernizar al Estado, bajo el supuesto de que su “mal funcionamiento” afecta el desarrollo económico, han impulsado la utilización del concepto de “Sector Público”. Este término se sustenta en la idea de que cada sector de la economía -el público, el privado y el social- debe ocuparse de las actividades en las que puede ser más eficiente. En ese sentido, el Estado debe retirarse de las funciones de producción de bienes y servicios, y limitarse a la generación de bienes públicos como la seguridad. Sector Público es así una noción que justifica la reducción del aparato estatal y tiene, por lo tanto, una intencionalidad ideológica-prescriptiva que generalmente es desconocida por quienes la utilizan.
Carlos Rodrigues.
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