Gobernar consiste, en términos pragmáticos, en distribuir un conjunto de recursos escasos entre una serie de objetivos valorados socialmente. El inevitable desbalance entre la cantidad limitada de recursos disponibles y la masa siempre creciente de demandas sociales obliga a quienes gobiernan a jerarquizar los problemas y priorizar la inversión. El instrumento a través del cual se definen y cuantifican estas prioridades es precisamente el presupuesto público.
La idea de “democratizar” la formulación del presupuesto, tradicionalmente dominada por criterios técnicos e intereses burocráticos, surge originalmente en el movimiento de izquierda de Porto Alegre (Brasil). Una vez electas para ejercer el gobierno municipal, en 1989, las nuevas autoridades deciden iniciar un proceso de consultas y participación ciudadana que permitiera incorporar a las comunidades en la definición de las prioridades de inversión y en la asignación de los recursos públicos.
Esta práctica, denominada por sus propios creadores como “presupuesto participativo” (PP), fue consolidándose año tras año, incorporando innovaciones y superando obstáculos y limitaciones, al punto de convertirse en un modelo internacional de democracia participativa y buen gobierno local.
En términos generales, el proceso consiste en la realización de asambleas y grupos de trabajo tanto por zonas como por áreas temáticas, en las cuales participan tanto funcionarios municipales como representantes comunitarios y ciudadanos comunes en función de definir consensuadamente sus principales necesidades, ordenarlas jerárquicamente por su importancia y plantear los proyectos para su atención. Estas propuestas son recibidas en una instancia participativa central, la cual coteja las distintas demandas, las hace compatibles entre sí y con los gastos operativos de la Alcaldía, y las incorpora al proyecto de ley de presupuesto, el cual es presentado a la Cámara Municipal para su sanción formal. Una vez aprobado el presupuesto, la propia ciudadanía y los voceros comunitarios velan por el cumplimiento de las obras que han solicitado, garantizando una mayor transparencia y eficiencia en la gestión.
El éxito de esta experiencia ha sido tal que hoy día más de 300 ciudades en todo el mundo desarrollan presupuestos participativos. Sus beneficios han sido reconocidos mundialmente, especialmente en lo relativo al fortalecimiento de la democracia, el aumento de la responsabilidad del gobierno y la modernización de la administración. Se trata, en esencia, de un nuevo modelo de organización política, en el cual la ciudadanía decide, real y efectivamente, el desarrollo de su ciudad.