Políticas públicas: democracia más inteligencia | Por: Carlos Miguel Rodrigues (@Carlosm_rod)

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En nuestra vida cotidiana, cuando hablamos de temas políticos o sociales, es frecuente que salga a relucir el término “política pública”, casi siempre asociado a lo que deberían hacer o están haciendo los gobiernos. Pero, también frecuentemente, la naturaleza y el sentido de este vocablo es desconocido o malentendido por quienes lo utilizan, incluyendo a los propios políticos y funcionarios.

La más popular y simple definición de política pública es aquella que la identifica como todo lo que un gobierno “decide hacer o no hacer”. Esta noción tiene, a pesar de su simpleza, una implicación muy relevante: no todos los problemas que existen en una sociedad en un momento determinado conducen necesariamente a la acción de las autoridades político-administrativas.

En efecto, las políticas públicas son cursos de acción que se construyen en la interacción sociopolítica para atender –y, deseablemente, resolver- problemas que son considerados “públicos” y, por lo tanto, responsabilidad de los gobiernos. Pero, para que un problema adquiera esta condición, es necesario que sea introducido en la llamada “agenda pública”. Y como las demandas y necesidades son, por norma general, mayores que los recursos, lo que suele ocurrir es que los problemas compiten entre sí para acceder a las prioridades del gobierno, de forma que la selección de los problemas a ser atendidos se convierte en una lucha política.

Esta dimensión política de las políticas públicas se manifiesta también en la determinación del tipo de respuesta que se le dará al problema. Para cada situación insatisfactoria, existen múltiples “alternativas de acción”, vinculadas a su vez a distintas concepciones ideológicas sobre la vida social. Cada tipo de respuesta tiene además implicaciones políticas, ya que las decisiones del gobierno tenderán a favorecer a unos determinados grupos o sectores sobre otros.

Sin embargo, junto a estas condiciones políticas, las políticas públicas también tienen una dimensión técnica, referida al análisis “científico” de las variables de un problema y la definición de los medios, recursos e instrumentos más “técnicamente” adecuados para su solución.

Bajo este doble criterio, la política pública ideal es aquella que: 1. Se construye democráticamente, concitando la participación de los actores involucrados; y 2. Se diseña inteligentemente, buscando la mejor solución posible a la luz de los recursos e instrumentos con los que se cuenta. A fin de cuentas, un gobierno democrático e inteligente ha sido y sigue siendo la principal demanda que hacemos los ciudadanos a nuestras autoridades políticas.

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